Violación De Los Derechos Humanos En Brazil

A pesar que Brasil tiene un presidente surgido de las clases más humildes y trabajadoras, que sufrió en carnes propias la violación de los derechos humanos, estos siguen sin encontrar las adecuadas soluciones de respeto y justicia en uno de los países más grandes de América Latina, se denunció el 13 de mayo de 2004 en la ciudad de Sao Paulo.
Mientras un informe adelantado por el Centro de Justicia Global (CJG) correspondiente al año 2003 puso de manifiesto esa falta de respeto a los derechos humanos y el cada vez más notorio aumento de la violencia, el presidente brasileño, Luiz Inácio da Silva (“Lula”), desde Brasilia, anuló el día 14 de mayo la equivocada decisión de expulsar y retirar el visado al periodista Larry Rother del The New York Times por un artículo que el gobierno consideró ofensivo para el Primer Mandatario porque en él se señalaban presuntas tendencias alcohólicas de “Lula”.
En relación con la difícil situación por la que atraviesan los derechos humanos en Brasil, el estudio que sirvió de base para el informe anual y que fue realizado en 13 Estados (provincias) del país, manifiesta que “las violaciones son especialmente preocupantes en las zonas rurales, donde el año pasado aumentaron de forma notable los asesinatos de campesinos e indígenas”.

Una de las directoras de CJG, Sandra Carvalho, declaró a la prensa que “constatamos que persiste en el país un cuadro de grandes violaciones de los derechos humanos y en algunos casos, como en los conflictos del campo, la situación empeoró el año pasado”, de lo cual se culpa, especialmente, a los terratenientes y a la policía.
Para el CJG, Brasil es un “país marginado, rehén de la profunda desigualdad, de la ausencia de perspectivas y de las diferencias y contradicciones sociales”, y también para esa Organización No Gubernamental (ONG), “la impunidad acaba prevaleciendo, principalmente porque las víctimas son pobres”.
En efecto, en Brasil existen 48 millones de personas que sufren “pobreza extrema” y eso también ha sido un “caldo de cultivo” para que la delincuencia común crezca considerablemente y para que centenares de personas desempleadas ingresen a las filas del narcotráfico, que se ha hecho poderoso en las “favelas” de Río de Janeiro, especialmente.
De acuerdo con el informe del CJG, que recoge datos de la Comisión Pastoral de Tierra (CPT), durante 2003 un total de 73 campesinos fueron asesinados en conflictos por la tierra, registrándose con ello un aumento equivalente al 69,8 por ciento en comparación con el año 2002 y fue el “más trágico” desde 1990.
También el año pasado fueron asesinados 27 indígenas como consecuencia, dice el informe, del “recrudecimiento de acciones de latifundistas y hacendados, entre otros”, que quieren apoderarse de las tierras que pertenecen a los indios para hacer en ellas grandes construcciones o aprovecharse de la producción cultivada, a veces en condiciones muy precarias, por una población indígena que soporta de “manera continuada” las violaciones a sus derechos humanos.

Aunque Brasil esté actualmente gobernado por “un presidente (“Lula”) y un Partido (de los Trabajadores) que tienen su origen en los movimientos sociales, el cuadro de violaciones a los derechos humanos permanece prácticamente inalterado”, por lo que se concluye, dentro de la opinión pública, que los esfuerzos realizados por el gobierno que comenzó su andadura el primero de enero de 2003 “han sido insuficientes o nulos” en ese importante tema.
Por otra parte, el CJG se hace eco del “alarmante aumento de la violencia policial en las grandes ciudades” y señala que en ellas ha “crecido de forma escandalosa” el número de civiles muertos en operaciones de los agentes del orden, aunque para esa organización, dedicada a la promoción y protección de la justicia social y de los derechos humanos en Brasil y que cuenta, entre otros, con el apoyo de la Unión Europea (UE), la “violencia policial no tiene ninguna relación directa con el combate a la criminalidad”.
En Río de Janeiro, la antigua capital de Brasil, en donde las bandas de narcotraficantes se han hecho muy poderosas, existe la “policía más violenta del país”, según el CJG, que señala en su informe que mueren diariamente 3,2 personas víctimas de la acción de los agentes del orden, mientras en Sao Paulo, la ciudad más industrializada del país, ese porcentaje alcanza a 2,3.
Por esa causa, durante el año 2003 en Río de Janeiro murieron 1.195 civiles mientras en Sao Paulo el total de víctimas mortales alcanzó a 868.
Recientemente, el 9 de abril pasado, la policía “carioca” inició una amplia “operación de limpieza” contra las poderosas mafias del narcotráfico, que dejó al menos diez muertos y numerosos capturados, en las favelas (barriadas pobres) de Rocinha, Vigidal, Parque de Cidade y Chacara do Ceu, situadas sobre las colinas que dan a los barrios de clase alta y de las playas.
Un día después de hacerse público ese negativo informe del CJG contra la acción del gobierno de “Lula”, ya que se siguen violando o van en aumento la falta de respeto a los derechos humanos, el mandatario brasileño “dio marcha atrás” a su primera decisión de pisotear también la libertad de prensa con la orden de salida, en un plazo de ocho días, del corresponsal estadounidense del The New York Times en América Latina, Larry Rohter.
La presión de la opinión mundial, de las organizaciones periodísticas internacionales y brasileñas, e, incluso de los partidos políticos entre ellos el suyo, de los Trabajadores, sirvió para que el ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos, informara oficialmente que “el presidente me autorizó a considerar cerrado el caso”, por lo que Rohter podrá seguir viviendo y desarrollando su misión periodística en un país donde nació su esposa.
El gobierno brasileño consideró que una carta de los abogados del periódico neoyorquino donde piden al ministro Bastos que se “reconsidere la decisión de anular la visa de Rohter” constituía una “retractación” y una “disculpa”, porque en ella se indicaba que “el periodista no había querido ofender y que respetaba al Presidente de la República y lamentaba las consecuencias del artículo”.
El periódico neoyorquino publicó el 9 de mayo pasado un artículo de Rohter donde se indicaba que “Lula” tenía tendencias alcohólicas, y su dirección desde el principio dio pleno respaldo a su corresponsal, lo que ratificó ahora al serle levantada la sanción, dispuesta el día 11, e indicar que “mantenemos que nuestra historia era precisa y justa, como lo hemos hecho durante toda la semana”, de acuerdo con un comunicado firmado por su portavoz, Toby Usnik.

Para Usnik no “hubo retractación ni una disculpa” en la petición que el diario formuló al gobierno brasileño “aunque expresamos nuestro pesar por la controversia política que generó la historia”.

No opina igual el ministro Bastos, porque a su juicio, “en términos jurídicos la retractación es exactamente lo que está en el punto siete (de la carta); la persona manifiesta que no tuvo intención, la persona manifiesta su respeto y lamenta las consecuencias de ese artículo que escribió”.
Rohter podrá regresar, por tanto, a Brasil, país que abandonó el lunes pasado al conocerse el malestar que su artículo había causado a “Lula” y a su gobierno” y “consciente que algo le podría pasar”. Al parecer, viajó a Argentina o Paraguay, países fronterizos con Brasil.
Para las organizaciones periodísticas, el gobierno de Estados Unidos y los propios partidos políticos brasileños,”el caso tuvo una solución política correcta”, pero por, sobre todo, sirvió para evitar que Brasil quedase incluido definitivamente en la “lista negra” de los países que atentan contra la libertad de prensa, aunque de todas maneras se puso al descubierto que ni a “Lula” ni a su gabinete les gusta que salgan artículos críticos, porque prefieren únicamente los de las alabanzas.
 

Golpe de Estado en Brasil en 1964

El Golpe de Estado en Brasil en 1964 tuvo lugar contra el presidente izquierdista João Goulart por militares brasileños con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, la noche del 31 de marzo de 1964.

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Elegido como vicepresidente de Jânio Quadros, João Goulart  accedió a la presidencia tras la renuncia de Quadros en circunstancias difíciles. En ese momento, las fuerzas armadas brasileras impusieron a Goulart un compromiso con el congreso por el que los poderes del ejecutivo se verían reducidos a través de un cambio constitucional que convertiría a Brasil en una democracia parlamentaria, con el poder de Goulart debilitado como Jefe de Estado sin posibilidades de imponer sus directivas a todo el poder ejecutivo, y subordinado al Congreso.

No obstante, en 1963, Goulart restableció con éxito el sistema presidencialista mediante un plebiscito. Sus reformas insistían en un mayor control estatal sobre la economía brasilera, mayor al proyectado hasta entonces en Brasil; tales planes eran considerados socialistas en un mundo crecientemente polarizado por la Guerra Fría, sobre todo considerando que el antecesor de Goulart, Jânio Quadros, había sido destituido por buscar un acercamiento con los países comunistas (sobre todo Cuba y la República Popular China) sin romper lazos con los Estados Unidos.

Las reformas de éste fueron contrarias a los intereses de los militares y el ala derechista del gobierno civil, lo cual aumentó la dependencia del presidente Goulart hacia sus aliados en la izquierda brasilera, destacando entre éstos el líder comunista Leonel Brizola.

Un motín de marineros en Río de Janeiro, en demanda de aumento de salarios, generó una ruptura casi total de Joao Goulart con la jerarquía militar: los mandos de la marina de guerra lograron que los amotinados se rindieran y de inmediato los procesó por insubordinación, pero el presidente les otorgó una amnistía poco después. El 30 de marzo, el presidente Goulart hizo un improvisado discurso ante una tropa de sargentos y reclamó apoyo militar para sus

reformas, lo cual dio la señal de actuar a los golpistas.

 

El golpe de estado

En la mañana del 31 de marzo el general Olímpio Mourão Filho, jefe de la guarnición de Minas Gerais, inició la revuelta avanzando con sus tropas hacia Río de Janeiro, por la tarde el jefe de estado mayor del ejército (con base en Río de Janeiro), el general Humberto de Alencar Castelo Branco, trató en vano de detener a los golpistas en su marcha alegando que no estaba asegurado el apoyo de las tropas de Sao Paulo. El jefe del 2° Ejército (basado en Sao Paulo), general Amaury Kruel, llamó por teléfono en la noche del día 31 al presidente Goulart para pedirle que renunciara o destituyera a sus asesores de izquierda pero éste se negó a tal pedido. Tras ello las tropas paulistas se unieron al golpe.

No obstante, ninguno de los oficiales con que contaba Goulart pudo ser contactado: los golpistas habían elegido una fecha donde los posibles generales leales a Goulart estaban de vacaciones, en descanso, o fuera de sus guarniciones por algún motivo.

Joao Goulart viajó a Brasilia al mediodía del 1 de abril pero allí encontró que el Congreso, dominado por la oposición de derecha, planeaba declarar su vacancia, y se negaba a apoyarlo contra los golpistas. Esa misma tarde Goulart voló a Porto Alegre en un avión de la fuerza aéreaLeonel Brizola le requería una resistencia armada al golpe, pero el presidente no tuvo éxito. Ese mismo 1 de abril en la tarde el general Armando de Moraes Áncora, jefe del 1º Ejército. En la madrugada del 2 de abril el presidente del Congreso, Auro Soares de Moura Andrade, logró que la mayoría parlamentaria destituyera a Joao Goulart alegando que había fugado del país y logró que nombrase presidente al jefe de la cámara de diputados, Ranieri Mazzilli, aunque los congresistas aliados del presidente cuestionaron la veracidad de tal noticia y la propia legalidad de la destitución. planeando resistir al golpe desde allí y esperando que se definiera el 1° Ejército (estacionado en las afueras de Río de Janeiro), mientras tanto

El destituído Goulart se mantuvo en Porto Alegre con el general Argemiro de Assis Brasil, su aliado y ayudante de campo, planeando posibilidades de resistir el golpe junto a Leonel Brizola y al general Ladário Teles, jefe del 3° Ejército; no obstante Goulart deseaba evitar una lucha entre soldados brasileros y ser considerado culpable de una guerra civil, por lo cual rechazó pedir a la aviación que bombardease a los golpistas o que marineros leales al gobierno avanzaran sobre Río de Janeiro para arrestar a los golpistas. En la mañana del 2 de abril el general golpista Floriano Machado informó a Joao Goulart que las tropas sublevadas habían tomado Curitiba sin resistencia y se dirigían a Porto Alegre, instando al derrocado presidente a salir del país bajo riesgo de ser arrestado.

Ante ello Goulart huyó a su hacienda familiar, situada en la frontera con Uruguay poco antes del mediodía del 2 de abril. En las horas siguientes, el golpe triunfó definitivamente, sin que dentro de las fuerzas armadas surgieran movimientos en defensa del presidente depuesto. Goulart se resistió a la idea de salir de Brasil hasta que su situación se hizo insostenible, y se vio obligado a cruzar la frontera uruguaya el 4 de abril.

El Congreso, bajo presión militar, designaría al general Humberto de Alencar Castelo Branco como presidente de Brasil el 15 de abril de 1964.

Dictadura militar

Tras el golpe, comenzó en Brasil una dictadura militar que duró hasta la elección de Tancredo Neves en 1985. Este golpe de Estado se interpreta como parte de la Guerra Fría y como respuesta a la percepción de la amenaza del comunismo^{[cita requerida]} por parte de la derecha latinoamericana, temor compartido por Estados Unidos, siendo que el gobierno de Washington ofreció apoyo logístico de su flota naval en el Océano Atlántico para auxiliar a los golpistas en caso se precipite una resistencia armada de Goulart o sus aliados contra el golpe.